Movimientos sociales en Querétaro; la lucha contra la represión

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Abril Suárez / Alejandro Nieto

El estado de Querétaro ha sido históricamente un lugar de sucesos en pro de la libertad; la promulgación de la constitución de 1917, la conspiración de la independencia nacional y el nombramiento de la ciudad como capital del país. Sin embargo, desde hace unos años, esta historia se ha visto opacada por la intolerancia, la represión y la persecución política de distintos individuos, movimientos y organizaciones que han alzado su voz contra el gobierno. Esta historia que pocos cuentan, hoy sale a la luz en voz de uno de los especialistas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Entender las crisis y movimientos sociales en Querétaro requiere remitirse a sus inicios, indicó Rafael Francisco Ríos, antropólogo y profesor de la facultad de Filosofía de la UAQ. Hay que recordar los años sesentas en que empieza Querétaro con una movilización por la demanda de tierra y de suelo urbano, estas primeras movilizaciones fueron en un marco oficial, el PRI a través del Consejo Agrarista Mexicano respaldaba de manera clientelar a los agremiados, y así se constituyeron las colonias Reforma y Casa Blanca, por peticionarios articulados al movimiento campesino del PRI a quienes se les otorga la tierra a cambio del voto, ésta era la forma tradicional de cooptarlo, y funcionó hasta 1980.

En una segunda fase, se da un desprendimiento de las organizaciones del PRI y se da la participación del movimiento popular independiente constituido a partir de 1985, por la incorporación de peticionarios, como por ejemplo, del pueblo de Carrillo que pedían el respeto de sus espacios como pueblo y que no hubiera contaminación por parte de las fabricas en cuanto a residuos tóxicos y agua; y de colonos independientes impulsados por grupos de otros estados que impulsan una oleada de solicitudes de tierra.

En este tiempo se da además el movimiento del frente Independiente De Organizaciones Sociales (FIOS) que cubre desde 1985 hasta 1998 cuando ocurre el apedreamiento del autobús donde iba el gabinete presidencial. Además organizaciones como la de Felipe Carrillo Puerto, que aglutinaba solicitantes de vivienda, vendedores ambulantes, y al movimiento magisterial.

Sin embargo en 1998 ocurre una ruptura de las acciones colectivas en virtud de que fueron apresados buena parte de los dirigentes del movimiento urbano popular, movimiento campesino y movimiento indígena.

Esta circunstancia se vio acrecentada por el movimiento panista y la de fortalecer el dialogo individual a través de los miércoles ciudadanos, lo que vino a romper las voces colectivas, excluyendo los espacios de negociación con un eje grupal y se da una transición en el cual el ciudadano concibe las problemáticas de manera personal.

Es entonces y posterior a este momento que comienzan a brotar organizaciones no gubernamentales que si bien no tienen un espectro político conformado, comienzan a plantear diversas demandas como los derechos sexuales y reproductivos, los movimientos ecologistas, el respeto a derechos humanos, defensa del patrimonio de los deudores afectados por la crisis económica, no solo en cuestión de demandas de tierras sino problemas bancarios lo que constituyó el Barzón, grupo que tampoco fue eximido de represión pues hasta la fecha tiene a un dirigente preso en el Cereso.

• Inicia represión política

Con la alternancia en el poder en 1997, el Partido Revolucionario Institucional, acusado de represión contra la oposición, cedía su lugar al Partido Acción Nacional, en quien la ciudadanía depositó su confianza para encontrar libertad y tolerancia social. Esta situación no ocurrió, pues en los dos sexenios que gobernó Acción Nacional, el número de denuncias por persecución política se hizo mayor.

Una de las mayores inconformidades tuvo lugar en la comunidad de La Piedad, en donde tras la construcción de un pozo con recursos de los habitantes, este les fue retirado por la Comisión Estatal de Aguas en la administración de Francisco Garrido Patrón.

Durante once años, antes de iniciar el plantón el 27 de julio de 2008, los habitantes de La Piedad solicitaron la intervención de las autoridades municipales y estatales para que les devolvieran la administración del pozo de agua potable, pues Roberto Hernández Barrón –cuñado del ex secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes-, se había apoderado de él por medio de acciones ilegales.

Debido a que no encontraron respuesta a su petición y, sobre todo, por la pretensión del gobierno estatal, entonces encabezado por Francisco Garrido Patrón, de entregarlo a la CEA, los habitantes de La Piedad decidieron iniciar un plantón en las inmediaciones del pozo, para evitar la entrada de la dependencia estatal. El pozo les fue devuelto con la llegada del gobernador priísta, José Calzada Rovirosa.

Otro hecho fue la clausura de la casa del estudiante de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios (FNERRR), quienes también se manifestaron. La casa del estudiante ha funcionado desde 1992 ininterrumpidamente, aunque ha tenido algunos conflictos con las autoridades, “cuando tuvimos que plantarnos venían compañeros de otros estados para ayudarnos a sostener ese plantón, duramos cinco años exigiendo nuestras demandas al gobierno panista y nunca nos daban respuesta”, explicó la dirigente, Guadalupe Chávez.

Más allá del caso omiso de los funcionarios, existió represión en contra de los estudiantes, “represión ahora no la hay, la hubo cuando estuvo el gobierno panista, porque hasta nos amenazaban de muerte, de encarcelarnos. La represión era contra los del plantón y con los moradores del albergue”.

“Hubo desalojos de la casa de Hidalgo, donde residíamos en esos tiempos. Nos vimos en la necesidad de pedir una casa, que es en la que estamos viviendo en la calle Arteaga. Todos los integrantes salieron bien librados”, agregó Guadalupe Chávez.

Por lo anterior, la FNERRR recurrió a un plantón en la Plaza de Armas de la ciudad, sosteniéndose con recursos propios, “los recursos salían de colectas diarias en la ciudad, colectas de víveres en la central de abastos, así como pequeñas donaciones que nos daban en las tiendas. Así fue como mantuvimos nuestro plantón”, aseveró la dirigente.

Hoy, los integrantes del movimiento esperan obtener respuestas a sus demandas, y de no ser así, no descartan un nuevo plantón.

De igual forma, el ex líder del Barzón en Querétaro, Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz, fue perseguido por las autoridades al grado de su encarcelamiento; y una vez fuera, inició un movimiento social.

Con la integración de 15 organizaciones ciudadanas, habitantes del municipio de Querétaro crearon un Frente Estatal de Lucha (FEL) para manifestar sus inconformidades a las autoridades y “ser una voz” que busque respuesta a sus demandas; así lo manifestó el académico Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz, integrante del movimiento.

“Hay diferentes colectivos, desde maestros en el tema de cultura, compañeros que trabajan con transporte, otros en la zona indígena, otro de campesinos y uno más de colonos. Son gente que tiene lucha desde hace muchos años” explicó el académico.

El proyecto inició hace tres años como Frente Estatal contra la Represión, pero como aseguró Jerónimo Sánchez, “nos vimos en la necesidad de replantearnos este asunto y no quedarnos sólo en la defensa de los derechos humanos, sino ampliar la perspectiva”.

El objetivo del FEL fue reunir a las organizaciones sociales para “socializar las experiencias o puntos de vista; porque dispersos uno alzaba su vos pero se queda muy corto ante una burocracia política intolerante, represiva, con un grado de insensibilidad grave”, apuntó Sánchez Sáenz.

Al ser un mayor número de organizaciones, el FEL busca encontrar demandas en común para “ser una voz y buscar la independencia de la autonomía. Estamos huérfanos de voz, de identidad, de ser parte de la resistencia, del movimiento de lucha en Querétaro”, añadió Sergio Jerónimo.

• Comerciantes, Sexoservidoras y Estudiantes; la represión a la ciudadanía

No sólo los distintos puntos de vista políticos han sido motivo de manifestaciones sociales y represión; distintos ciudadanos han sido perseguidos por las actividades que realizan o por exigir sus derechos. Movimientos por la regularización de terrenos, mejoras al transporte público y mejores condiciones laborales, han ocasionado marchas y manifestaciones sociales.

El caso más sonado es el de los trabajadores de la empresa Lanas Merino, quienes llevan cuatro años exigiendo sus derechos. En el 2007 estalló la huelga por parte de los obreros, quienes acusaron al propietario, Mordjay Kletze Friman, de adeudar pagos salariales y prestaciones de ley, “reclamamos pago del Infonavit, pago de aguinaldo, vacaciones y sueldo”, expresó Arturo Urías, trabajador de la empresa y miembro del sindicato “Paz y Trabajo” integrado por los trabajadores afectados.

“Nadie quería huelga, yo no quería huelga, pero lo hicimos porque el patrón de voluntad no va a pagar. Teníamos la esperanza de que el patrón pagara siguiéramos trabajando normal, sin embargo no fue así, y nos llevó a estallar la huelga”, agregó el empleado.

Aunque intentaron negociar con el patrón, obreros señalaron que este los “presionaba” con el salario, “el patrón escuchó razones, en las últimas cinco semanas dejó de pagar salarios como para presionar y que no nos fuéramos a huelga, pagaba el 50 porciento solamente”, apuntó Arturo Urías.

En tanto, José Luis Rojas Hernández, Secretario General del sindicato, señaló que solicitaron ayuda a la anterior administración de Francisco Garrido Patrón, pero no fueron escuchados e incluso a nivel federal les fueron rechazadas sus demandas.

“La administración anterior nos trataba como idiotas. Le exponíamos los puntos al Secretario del Trabajo, Manuel Camacho Sandoval; él nos decía que más valía un mal arreglo que un buen pleito, que la ley federal del trabajo se había hecho para los indios. Que tomáramos en cuenta que los chinos trabajaban por un plato de arroz. La administración anterior francamente nos borró”, manifestó Rojas Hernández.

Otro caso es el de las sexoservidoras, quienes se han manifestado por exigir su seguridad. Mónica Mendoza, líder de las sexoservidoras en Querétaro, denunció abuso de las autoridades en contra de sus agremiadas en el municipio del Marqués, en donde según ella, han existido desde extorsiones a los clientes, hasta abuso sexual en contra de las mujeres que se dedican a la prostitución.

“Policías de El Marqués ahora piden dinero a las mujeres, o si no se mochan con el cuerpo se las llevan detenidas. A algunas de ellas les han bajado hasta 300 pesos”, explicó Mónica Mendoza.

Otra situación es el riesgo que corren las sexoservidoras, a quienes han llegado a arrojarlas desde un tráiler, “los elementos de la policía municipal chantajean a las sexoservidoras cobrándoles con “cuerpo”, a cambio de no arrestarlas y permitirles trabajar a la orilla de la carretera México-Querétaro”.

“En una ocasión a una de las chicas la había subido el chofer de un tráiler, y pues además de no pagarle, la aventó a la carretera, la golpeó y la dejó lejos de la ciudad (…) la muchacha prefirió venirse a trabajar a Querétaro en lugar de seguir allá en el Marqués”, agregó la lideresa.

Otros ciudadanos que se han manifestado, son los comerciantes, a quienes después de pleitos y jaloneos, lograron retirar del centro histórico, pero que siguen sin cumplirles sus demandas.

Luego de distintas promesas como la reubicación de puestos, seguro médico y vivienda; comerciantes del centro histórico de Querétaro expresaron que no han sido atendidas sus demandas ni han sido escuchados por el poder ejecutivo estatal.

Comerciantes del centro histórico, pertenecientes a la organización “Francisco Villa”, se han manifestado en distintas ocasiones luego de que el Instituto de Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQRO) les prometiera apoyos para la adquisición de una casa.

A decir de los manifestantes, esta instancia les había prometido el poyo para adquirir una vivienda, y hasta la fecha no han recibido explicaciones. “sabemos que sí va a haber un programa de vivienda; no sabemos cómo va estar, cuánto van a costar, no tengo las señales del asunto. Nos habían dicho que en diciembre salía el programa, luego nos dijeron que en enero y hasta el momento nada”, expresó Sergio Razo, líder de la organización.

Ante el hermetismo, los comerciantes afectados denunciaron que incluso algunos representantes de IVEQRO les han pedido dinero para asegurar su nombre en la lista de apoyos sociales, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades.

Sergio Razo manifestó que existen compañeros afectados en otras delegaciones, “en cuestión de lo que es pie de casa, ya van más de mil compañeros. Y no son gente nada más de aquí sino de otras colonias o diferentes tianguis que son ya miembros del Movimiento Democrático Francisco Villa”.

En 2009 la manifestación de estudiantes por el alza en las cuotas del transporte público fue otro movimiento social. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), realizaron el foro: “Aumento a la Tarifa del Transporte Público Colectivo, análisis cuantitativo y cualitativo”, en el que participaron académicos y funcionarios de gobierno.

Dicho foro organizado por el estudiantado, exhibió que el gobierno del panista Francisco Garrido Patrón, solamente consideró la economía de los transportistas en su decisión de crecer la tarifa del transporte público de 5 a 6 pesos con 50 centavos, pero nunca la de los usuarios.

Luego de negociaciones con el gobierno de Calzada, se logró que las escuelas públicas de nivel medio superior y superior recibieran un descuento, aunque otras peticiones como capacitación a los chóferes y mejores unidades, siguen pendientes.

A los anteriores movimientos se suman un sin fin de protestas a lo largo de diez años en de distintos fraccionamientos irregulares. Habitantes de estas zonas manifiestan que al no tener los servicios básicos y exigirlos al gobierno, este les dicen que al no tener registro de la colonia no se les puede proveer de servicios.

Así a casi 15 años de alternancias en el poder, el común denominador sigue siendo la represión, la intolerancia y la incapacidad de algunas autoridades para resolver problemas que aquejan a la ciudadanía.










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